Empresas de telecomunicaciones y libertad de expresión

Cuando aumentan las necesidades son aún más importantes las libertades.

23 de julio de 2020
Por: Ignacio Boulin, para el Libro de FOPEA

Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones y las vinculadas a internet son actores fundamentales para asegurar –o vulnerar- la libertad de expresión en la sociedad actual. En buena medida de ellas depende que las voces críticas puedan ser escuchadas o silenciadas; que la privacidad sea real o inexistente; que la discusión sea libre, capaz de detectar la verdad y la mentira, o manipularla.

Una red social amplifica la voz de personas que antes no podían expresarse, pero también puede bloquear a un usuario sin motivo; una empresa de telecomunicaciones permite que la información sea instantánea, pero también puede intervenir un teléfono en forma innecesaria; una aplicación puede simplificar la vida diaria, pero también puede proveer información sobre los movimientos de un periodista. Por eso el rol de estas empresas, que producen y almacenan datos, indexan información y brindan la infraestructura para que las comunicaciones se lleven adelante debe ser cuidadosamente analizado, pues pueden ser pilares de una sociedad libre o cómplices de restricciones indebidas a los flujos de información.

A nivel internacional existe una norma que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos. El 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”.

Estos principios tienen una especial relevancia en el área de la libertad de expresión. De hecho, los relatores especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se han referido a ellos en repetidas oportunidades para delinear ciertas obligaciones que corresponden a las empresas vinculadas con los servicios de telecomunicaciones e internet, sobre todo cuando interactúan con Estados, que suelen presionarlas. David Kaye, relator de la ONU, ha reconocido estas presiones, pero ha destacado el rol de las empresas en la elaboración y aplicación de políticas para evaluar las repercusiones que sus actividades podrían tener sobre los derechos humanos, lo cual implica la necesidad de adoptar procedimientos de evaluación por parte de los agentes del sector privado.

Particularmente, ha manifestado que los proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet ocupan un rol estratégico para hacer frente a las presiones, pues suelen estar en mejores condiciones de frenar una solicitud de interrupción del servicio o de datos personales de los usuarios.

Es interesante resaltar que hay empresas que reconocen que como proveedores globales de tecnología pueden ayudar a promover –o ser utilizadas para impedir- los Derechos Humanos. Y se han comprometido a ello. Incluso, se han comprometido a que, cuando reciban una orden gubernamental contraria a la libertad de expresión, procurarán agotar los medios para evitar cumplir la orden, buscando modificar la orden; o una revisión judicial; o medidas alternativas que minimicen el impacto sobre la libertad de expresión. ¿Pasa esto hoy en la Argentina?

John Stuart Mill escribió en 1859 que silenciar la expresión de una sola persona era robar a toda la raza humana. Pero garantizar la libre expresión ya no pasa solamente por permitir el vocerío político en las plazas y cafés. Hoy, la tecnología permite silenciar masivamente. Es fundamental que las empresas asuman este compromiso en forma real, sin componendas. Solo así la expresión será realmente libre.